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todos los canales permaneció disponible en satélite, sus reporteros fueron restringidos de recolección de noticias en el país. En junio el gobierno levantó la suspensión de licencias para los canales de televisión por satélite, pero, de acuerdo con la Unión Nacional de Periodistas iraquíes, el gobierno siguió hostigando a las estaciones y limitar sus actividades de recopilación de noticias.
El 13 de septiembre, el Ministerio de Interior de los funcionarios según los informes, allanaron las oficinas de la estación de noticias al-Baghdadiya y confiscaron su transmisor de satélite, teniendo efectivamente la estación del aire. El CMC alegó que no había emitido la orden de tomar la estación del aire y que el Ministerio del Interior había actuado de forma independiente. Los miembros del sindicato de periodistas iraquíes alegaron que el Ministerio del Interior trató de tomar la estación del aire debido a un programa que había retratado el ministro del Interior desfavorablemente. Al-Baghdadiya reanudó sus operaciones poco después de la redada del Ministerio del Interior en sus instalaciones.
Durante el año el gobierno continuó procesar a periodistas por supuestamente difamar figuras públicas e informar sobre temas políticamente sensibles. Según HRW, el gobierno a menudo procesado periodistas en virtud del artículo 314 del Código Penal, que tipifica como delito la difamación y establece sanciones de hasta un mes de prisión o una multa de 50.000 a 250.000 dinares ($ 43 a $ 215). El Centro para la Protección Legal de Periodistas informó que más de 10 periodistas enfrentan cargos penales por difamación a finales de año. El 27 de octubre, el Tribunal de Medios y Publicaciones condenados Zohair Fatlawi a tres días de prisión por cargos de difamación por escribir un artículo autoridades acusando en fondo de vivienda del gobierno central, que financia proyectos de vivienda y ofrece hipotecas, de la corrupción y de no prestar servicios .
Violencia y Acoso: Los periodistas fueron blanco de las fuerzas de seguridad del gobierno, funcionarios corruptos, los terroristas, los grupos religiosos que rechazaron independencia de los medios y actores desconocidos que querían afectar el flujo de noticias. En agosto, el Observatorio de Libertad Periodística, una organización de defensa de los medios nacionales, registró 259 casos de asesinatos de periodistas iraquíes y extranjeros desde el año 2003. El informe añadió que los secuestradores secuestraron a 64 activistas, la mayoría de los que murieron, mientras que 14 permanecían desaparecidos. El Observatorio de la Libertad Periodística informó que durante los militantes año o grupos terroristas mataron a 21 periodistas. Además, la Asociación de Defensa de la Libertad de Prensa registrado 286 casos de hostigamiento contra periodistas
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durante el año. El gobierno no había investigado alguno de los delitos a fin de año.
El 1 de abril, un grupo de milicianos armados presuntamente afiliados a clérigo chiíta Mahmud al-Sarkhi atacó y destruyó las oficinas de los periódicos nacionales independientes al-Dustour, al-Parlamento, Al-Mustaqbal , y al-Nas y apuñaló cinco empleados. Los asaltantes, algunos de los cuales vestían uniformes militares, las computadoras también dañadas y mobiliario de oficina. Según los medios locales, el ataque fue una represalia aparente para los artículos críticos de Sarkhi. El Ministerio del Interior confirmó que tenía filmación de las cámaras de seguridad que podría ayudar a identificar a los atacantes, pero el gobierno había hecho ningún arresto en conexión con los ataques de los de fin de año.
Trabajadores de los medios frecuentemente reportados que los políticos, funcionarios de gobierno, servicios de seguridad, elementos tribales, y los líderes de negocios presionados a no publicar o historias de difusión percibidos como críticos. Ofrecieron cuentas de violencia, intimidación, amenazas de muerte y hostigamiento por parte del gobierno o funcionarios partidistas. Por ejemplo, el 2 de agosto, los informes de prensa señalaron que las fuerzas de seguridad detuvieron y abusaron de dos periodistas por intentar cubrir una manifestación en la plaza Tahrir de Bagdad contra la manipulación del primer ministro Maliki de deterioro de la situación de seguridad del país. Según los periodistas, las fuerzas de seguridad confiscaron sus cámaras fotográficas y de vídeo, y las autoridades los detuvieron durante la noche y los sometieron a intimidación por intentar informar sobre las protestas, a pesar de tener el Ministerio de Interior licencias para cubrir los acontecimientos. La Unión Nacional de Periodistas iraquíes condenó públicamente el incidente.
A lo largo de los funcionarios militares año, a veces alegando motivos de seguridad, impidió a los periodistas de la entrada en espacios públicos de protesta. El 3 de marzo, el teniente general Mardhi al-Mahlawi al-Dulaime, jefe de Anbar Comando de Operaciones, emitió un comunicado afirmando: "Hemos recibido instrucciones de las autoridades superiores no permitir que ningún periodista no iraquíes entren provincia de Anbar." En las autoridades de abril impedido que los periodistas que viajan cerca de la ciudad de Hawija, el lugar de la represión violenta fuerzas de seguridad de grandes manifestaciones.
A lo largo del IKR hubo numerosos casos de intentos de asesinato, palizas, detenciones y destrucción de la propiedad contra trabajadores de los medios. En muchos casos los agresores vestían uniformes militares o policiales. Con pocas excepciones ataques dirigidos medios de comunicación independientes y de la oposición, principalmente del kurda News Network Television (afiliado al Movimiento Goran (Cambio)) y el Nalia Radio y Televisión independiente, en lugar de los medios de comunicación controlados por los partidos en el poder. A raíz de la controversia sobre un programa de llamadas en directo durante el cual una persona que llama usa malas palabras para criticar un
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líder KDP histórico, una reunión de partidarios KDP el 12 de febrero amenazado con cerrar o quemar la Radio Nalia y la estación de televisión durante una protesta en frente de la estación. Asaltantes desconocidos atacaron la estación más tarde esa noche, lanzando una granada en el techo del edificio. La rama local de Asayish declaró que investigaría el incidente, pero no había anunciado los resultados de investigación a finales de año. El 5 de diciembre, unos desconocidos mataron a tiros a periodista Kawa Garmiani en la provincia de Sulaimaniyah. Autoridades del gobierno regional del Kurdistán arrestaron a siete personas en relación con el crimen y emitieron una orden de arresto para un octavo sospechoso, político Mahmood Sangawi. En 2012 Sangawi amenazó la vida de Garmiani en un video que fue ampliamente difundido en los medios sociales. Al cierre del año, las autoridades habían lanzado seis de las personas detenidas, y ensayos en el caso no había comenzado. Sangawi ignoró una citación para comparecer ante el tribunal con jurisdicción sobre el caso.
Las autoridades del gobierno regional de Kurdistán en ocasiones detenidos periodistas durante largos períodos antes de llevarlos a juicio. El 28 de agosto, las fuerzas de seguridad Asayish afiliados a KDP arrestados Nizar Bejan, reportero de la revista Bashur en Zahko, Provincia Dahuk. Autoridades liberan Bejan en septiembre 28.
Censura o contenido Restricciones: La ley prohíbe la producción, importación, publicación, o poseer materiales escritos, dibujos, fotografías o películas que violan la integridad público o las buenas costumbres. Las sanciones por violar la integridad pública o la decencia incluyen multas y penas de prisión.
El proceso de la censura se basó fundamentalmente en la autocensura. Publicaciones reflejan puntos de vista de los propietarios, y los escritores entendieron los límites "aceptables" de la presentación de informes. El miedo a la represalia violenta por hechos u opiniones editoriales desagrada a facciones políticas también inhibe la libertad de expresión.
El gobierno utilizó su autoridad para suprimir la cobertura de los medios potencialmente desfavorables. En varias ocasiones, los funcionarios de seguridad impidieron a los periodistas de cubrir historias al negar a los periodistas el acceso a los lugares, en particular los sitios de protestas o manifestaciones en curso. También hubo informes de que los gobiernos locales seleccionados periodistas para recibir extensiones de tierra para su uso personal, a cambio de la cobertura mediática favorable. Además, según la ONG Observatorio local de Libertad Periodística, en algunos casos, las fuerzas de seguridad amenazaron detención de corresponsales si no firmaban un compromiso para dejar de practicar su profesión. Por ejemplo, el 22 de noviembre, las fuerzas de seguridad detuvieron al-Baghdadiya Televisión corresponsal Rasha al-Abadi mientras ella entrevistó a residentes de Nayaf en su reacción a una inundación. Según el Observatorio de Libertad Periodística,
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vehículos de seguridad acordonaron una propiedad residencial en la que ella estaba llevando a cabo una entrevista, pidió que al-Abadi firmar una promesa de que lo haría el periodismo práctica ya no, y, después de que ella se negó a firmar, su detenidos durante varias horas hasta figuras políticas locales aseguraron su liberación.
Todos los libros publicados en el país, así como requieren los libros importados del Ministerio de la aprobación de la Cultura y por lo tanto, estaban sujetas a la censura. Según el ministerio, el propósito de la investigación de antecedentes fue suprimir la literatura que promueve el sectarismo.
El Ministerio de Cultura y Juventud Asuntos Gobierno regional del Kurdistán se negó
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